La propuesta del Comité de Expertos del Ministerio de Igualdad para modificar la ley del aborto no contempla la creación de mecanismos de control independientes que garanticen que las interrupciones del embarazo que se practiquen cumplan con todos los requisitos que dicta la ley. De esta forma, la normativa no corrige el fraude de ley que han practicado algunas clínicas abortistas, como las de Morín, donde se falseaban informes psíquicos sobre la salud de la madre para dar cobertura legal a la interrupción.
En el debate de la Subcomisión de Igualdad, previo a la redacción de la propuesta que Bibiana Aído presentó ayer al Consejo de Ministros, los expertos del Partido Popular plantearon la recuperación de «mecanismos de control que garantizaran que todos los abortos se ajustaban a la ley».
Concretamente, fueron dos las medidas propuestas por el PP: que los informes médicos de la causa de la interrupción del embarazo se hicieran en la sanidad pública o que se recuperaran las antiguas comisiones de evaluación externas que el PSOE suprimió en el año 1986. «Podría ser ésta u otra fórmula, pero sugerimos que se recuperaran los mecanismos que han impedido que se aplicara correctamente la ley actual».
En lugar de estas pautas, la propuesta de los expertos de Aído dice que entre la semana 14 y la 22 «si existe un grave peligro para la vida o la salud de la embarazada», se podrá abortar cuando «así conste en un dictamen emitido por un médico distinto del que practique la intervención».
Esta fórmula, que es la que existe en la actualidad, no ha impedido que clínicas acreditadas practiquen abortos «con informes en blanco firmados por el psiquiatra del mismo centro», como apunta Enrique Jaureguizar Cervera, director de Médicos por la Vida. Esta pauta de certificación de la causa del aborto por un médico diferente al que lo practica se repetirá cuando se trate de interrumpir el embarazo a partir de la semana 22.
A partir de este momento, la recomendación de los expertos para la futura ley habla de que sólo se practiquen abortos «cuando se detecten malformaciones fetales incompatibles con la vida».
En estos casos, hará falta el dictamen de un especialista «de un centro público o privado distinto del que practique la intervención», algo que podría dar lugar a la «hermandad» de las clínicas abortistas para compartir la firma de sus expertos.
No obstante, lo que más preocupa a los expertos es, «¿qué se entenderá por malformaciones incompatibles con la vida?».
La catedrática de Bioquímica de la Universidad de Navarra, Natalia López Moratalla, recuerda que de los aproximadamente 4.000 abortos por malformación fetal, unos 3.000 corresponden a niños con síndrome de Down.
Sin duda, una de las decisiones más polémicas de la futura ley será la de permitir interrumpir el embarazo a menores de 16 años sin necesidad de contar con el consentimiento paterno. Esta postura fue justificada ayer por la ministra Aído, que comentó que «si las menores de entre 16 y 18 años pueden decidir si se casan o tienen hijos, pueden hacerlo también sobre la interrupción del embarazo»
No será sino una forma de dar legitimidad al ABORTO LIBRE Y DESCONTROLADO.
¿Qué expertos han sido convocados? ¿Cúal es su cualificación? ¿No habrán buscado a los que interese para los planes del Desgobierno?
¿Cuántos niños no nacidos tienen que ser sacrificados?
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